La investigación realizada desde principio de año luego de presentarse una querella en contra del ex alcalde Carlos ZúñigaVillaseñor, fue judicializada esta mañana en el tribunal de Chanco cuando el Fiscal Francisco Ávila en audiencia pública, y en la cual el tribunal prohibió grabar imágenes, le comunicó a el ex edil que el Ministerio Público inició una investigación en su contra por el delito de fraude al fisco.
“Operó bajo una concesión o contrato de concesión privada con el objeto de explotar el camping de Curanipe el cual corresponde al Ministerio de Bienes nacionales su titularidad y tenía por objeto efectuar la supuesta limpieza de maderas muertas que habían quedado como consecuencia del maremoto. Este objetivo no se cumplió en concomitancia del señor alcalde y se cortó madera que no correspondía y que incluso estaba expresamente prohibida de la posibilidad de efectuar la tala y los fondos obtenidos por el contratista al momento de ser entregados a la municipalidad eran recibidos directamente por el señor Alcalde. Además los fondos fueron retenidos por un tiempo aproximado de tres meses sin ser depositados en la cuenta corriente municipal. Pero más allá de eso se debe entender que la municipalidad no tenía calidad o capacidad para recibir dinero ya que se trata de un contrato que no se podía efectuar”, afirmó el fiscal Francisco Ávila.
Al ser el terreno de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales no correspondía la tala y venta de maderas ya que el camping nunca ha estado a la venta y por ende – reafirmó el fiscal – siempre se ha considerado al Ministerio como víctima ya que son ellos los propietarios del bien.
En julio el fiscal Ávila junto a peritos de la PDI encabezó un allanamiento al municipio donde se incautaron diversos documentos y se tomó declaración a funcionarios relacionados con la adjudicación de obras de limpieza y corte de árboles del camping conocido como el Bosque de Curanipe, el que resultó dañado tras el tsunami del 27 de febrero de 2010.
De esta forma Zúñiga Villaseñor quedo con medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, entre ellas, el arraigo nacional, la firma semanal ante la unidad policial de su domicilio y la prohibición de acercase a ciertas personas relacionadas con la investigación.
Durante el desarrollo de la audiencia el juez del tribunal prohibió a nuestro medio realizar grabaciones o fotografiar.
