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febrero 26, 2014

A 4 años del 27F existe sólo una indemnización a víctima

A 4 años de que un tren de olas destructivas barriera con las costas chilenas desde O’Higgins hasta Bío Bío, dejando a su paso 156 fallecidos y 25 personas desaparecidas, sólo existe un fallo condenatorio en contra del Estado por su responsabilidad en la muerte de una de las víctimas.  Así lo informó el diario La Discusión de Chillán en su edición electrónica.
En diciembre último, la Corte Suprema ordenó una indemnización de $55 millones a la esposa, hijos y nieto de Mario Segundo Ovando Garcés (70), quien murió en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, a raíz de las graves lesiones sufridas durante el maremoto. 
Al igual que decenas de víctimas, Ovando permaneció confiado en su hogar, al escuchar en la radio a las autoridades que descartaban la ocurrencia de un tsunami. 
La fallida alerta trajo como consecuencia que 1,80 metros de agua cubrieran su vivienda, en la Población Santa Clara de Talcahuano. 
La familia logró subirse en el techo de un auto. Ovando agonizó tres días antes de morir. La autopsia no reveló nada impensado: asfixia por inmersión. El fallo, siembra esperanzas en el resto de las familias. 

Los familiares de algunas de las víctimas fallecidas en Dichato han observado lo realizado por los representantes de 200 familiares de 69 fallecidos en Constitución, Curanipe y Pelluhue , quienes se reunieron con personeros del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en busca de una negociación que permita indemnizar a los parientes de las víctimas. 

La idea es buscar una solución acordada con el Estado, para evitar un largo juicio. Esa posibilidad, de acuerdo con el CDE, también es evaluada positivamente en la Región del Bío Bío. Así lo explicó Cynthia Tapia, abogada de cuatro familias de fallecidos el 27/F en Dichato. “Como ya se iniciaron conversaciones con algunos de los querellantes, básicamente la gente de Constitución, esperamos que el CDE se comunique con todo el resto y esto se zanje a la brevedad”. 
La jurista agregó que el tiempo transcurrido amerita que el CDE opte por acuerdos. “No esperamos que esto se vea en un procedimiento, sino que, dada la cantidad de años que llevamos en esto, se asuma una postura de llegar a un arreglo con las familias”, agregó Tapia. 
Por ello, adquiere relevancia el fallo de la víctima de Talcahuano. “Esperamos que se mantenga ese criterio (económico) para negociar con el CDE”, acotó la abogada. 

Hace casi un año, la fiscal Solange Huerta reformalizó a 8 imputados por la muerte de 108 personas en el maremoto. De los ocho, siete, entre ellos, el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, fueron formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones.
El ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Osvaldo Malfanti, fue formalizado por el primer delito. 
El próximo mes, Malfanti enfrentará un juicio abreviado en el que aceptará su responsabilidad en los hechos, para ser juzgado y condenado el mismo día de la audiencia, como culpable o inocente.
El resto de los imputados en el caso tsunami son el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; el jefe (s) del Departamento de Oceanografía del SHOA, Mario Andina; y Andrés Enríquez, asesor técnico del director del SHOA. 
La última fotografía del corredor de calle Balmaceda, tomada
a las pocas horas de ocurrido el terremoto del 27F

A Carlos Aranda, ex jefe operacional del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, se le suspendió el procedimiento bajo la condición de que realizara charlas de capacitación en cuatro regiones azotadas por el maremoto. También tuvo que pedir perdón a los familiares de las víctimas. Se le dio esa salida porque era el último en el eslabón de responsabilidad. 

El resto de los imputados tendrán que enfrentar un juicio oral. El Ministerio Público sostiene que “tuvieron la información suficiente para declarar la alerta de maremoto”.

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