Inquietos y preocupados se encuentran los regantes de Maule y Biobío luego de conocer las modificaciones presentadas por los senadores de Gobierno y por el Ministerio de Obras Públicas, a la reforma del Código de Aguas, que complicarían más aún el proyecto final que se votaría en sala durante el presente año.
A juicio de los agricultores, esta situación además se agudiza por las enmiendas propuestas por los senadores a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta, que complicarían más aún el proyecto final que se votaría en sala durante el presente año.
El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez, hizo un llamado al Gobierno y a los parlamentarios para mejorar el cuerpo legal, señalando que “en la discusión han primado los intereses políticos por sobre los criterios técnicos, la teoría sobre la realidad, porque vemos que en cada indicación se van generando nuevas fuentes de incertidumbre y de inaplicabilidades”.
En tanto, el director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, indicó que “muchas de las decenas de indicaciones presentadas por el ejecutivo y los senadores de Gobierno son contradictorias, con errores técnicos y de redacción, que no van en el camino correcto, generando nuevas incertidumbres y dificultades”.
El dirigente ñublensino argumentó además que los cambios propuestos no se hacen cargo de los problemas de fondo relacionados con el desarrollo y proyección de la actividad agrícola.
“Con estas 92 indicaciones, entre la propuesta del ejecutivo y la de los parlamentarios, se mantienen las limitaciones en el ejercicio de los derechos de aguas, porque seguirán estando sujetos a las normas de caducidad, extinción, temporalidad, limitación al cambio de uso y a todas las demás disposiciones del código”, comentó Arrau.
Los regantes, que representan a diversas organizaciones del centro sur del país, coinciden en la inconveniencia de exigir una inscripción de dominio a todos los derechos vigentes, en plazos tan acotados, considerando que la agricultura es desarrollada por miles de pequeños campesinos.
“La regularización de los derechos de aprovechamientos son trámites que duran años, por lo que dilatar sólo 9 meses más la exigencia de inscripción, es totalmente insuficiente. Debe existir un principio de realidad, con tiempos y condiciones que efectivamente logren cumplir el objetivo de registro, y no una gran barrera que generará miles de caducidades de los derechos de aprovechamiento de aguas del mundo rural”, señaló Carlos Diez.
Las declaraciones de los regantes de Maule y Biobío, complementan las últimas opiniones esgrimidas por el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, quien indicó esta semana a un medio de circulación nacional que “no basta con decir qué es lo que hay que hacer; también se necesita saber quién, cómo, cuándo, dónde y con qué medios económicos y técnicos”, deslizando una crítica a la imposibilidad de llevar a la práctica una serie de disposiciones de esta reforma, las que incluso, sostuvo, “podrían quedar en letra muerta”.
