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julio 10, 2012

Brigada de Delitos Económicos de la PDI llega a municipalidad de Pelluhue por tala de árboles del camping

Equipos computacionales y documentación fueron elementos que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI incautó de la Municipalidad de Pelluhue, con la finalidad de reunir antecedentes en lo que corresponde al proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía de Cauquenes por la tala de árboles del camping de Curanipe y que fuera denunciada hace algún tiempo por concejales de la comuna y cuya responsabilidad es atribuída al entonces alcalde Carlos Zúñiga Villaseñor.

La Bridec y el fiscal arribaron al municipio justo en momentos en que se desarrollaba una sesión del concejo que contaba con una gran cantidad de público interesado en conocer los detalles respecto de lo que ha ocurrido en la comuna, en especial por un informe de Contraloría Regional.

El alcalde Diego Clemente facilitó el trabajo tanto de la policía civil como del fiscal Francisco Javier Ávila Calderón, quien dirige la investigación.


"Estamos en una orden de incautación judicial de documentos que dicen relación con la presentación de una querella por el delito de fraude al fisco y malversación de causales públicos en la cual se ha denunciado y querellado al alcalde de Pelluhue. El hecho dice relación con la explotación y tala del bosque del camping de Curanipe el cual ha sido denunciado como que no tendría las formalidades legales correspondientes y que habría una apropiación de dinero por parte del edil, hecho que estamos investigando", aseguró el Fiscal Francisco Ávila. 


PROBLEMAS CON DOCUMENTOS
Según detalla el diario El Centro de Talca este miércoles, entre los documentos solicitados por el fiscal y la PDI está el original del contrato para la ejecución de la tala de árboles del camping, así como las bases de licitación, más las órdenes de ingreso municipal desde octubre 2011 a enero 2012, junto a las actas de Concejo Municipal y la información de la cuenta corriente municipal 


“Hemos tenido cooperación de los funcionarios, pero ha sido difícil obtener la documentación original. Nos hemos encontrado con algunas complicaciones que esperamos solventar”, señaló el fiscal, quien precisó que  documentos de egreso, actas de supervisión de las obras y otros, simplemente no aparecen. 


Tras la incautación de documentos, la unidad de paisajismo y urbanismo del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI de Santiago -que acompañaba a sus similares de la Bridec de Linares- se trasladaron al sitio  del suceso, para luego efectuar un arqueo contable de caja a fin de  determinar el probable perjuicio municipal. 


“No se efectuó o no se habría efectuado una tala de maderas muertas, sino que podemos verificar en el sitio del suceso que hay maderas que no correspondían y que fueron taladas, y que hay otras que están en situación de generar peligro, objeto del contrato, las que no han sido retiradas”, dijo Ávila. El fiscal señaló que, a simple vista, se puede desprender que no hubo cumplimiento a cabalidad del contrato.

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