El tema se analizó en la sesión ordinaria del concejo comunal realizada este miércoles, donde varios ediles expresaron molestia por las decisiones adoptadas en gestiones anteriores, particularmente en la administración de la exalcaldesa Nery Rodríguez.

Las demandas se originan principalmente en la renovación de contratos de personal a contrata para el año 2025, instruida en noviembre de 2024 por la exalcaldesa, pese a advertencias internas de funcionarios que recomendaban no extender las vinculaciones laborales. Posteriormente, esas prórrogas se revirtieron, lo que derivó en acciones judiciales por parte de los trabajadores desvinculados.

La actual gestión, encabezada por el alcalde Jorge Muñoz, optó por avenimientos con varios demandantes para mitigar el impacto en las finanzas municipales. A pesar de estos acuerdos, más de 20 juicios permanecen en tramitación, lo que mantiene abierta la contingencia y la posibilidad de nuevos pagos que podrían afectar el presupuesto comunal.

Este escenario revive un problema recurrente en administraciones previas: decisiones en materia de personal sin el debido respaldo jurídico que terminan generando millonarios costos para el municipio. En 2021, bajo una gestión anterior, las condenas por causas similares ya habían provocado pérdidas superiores a $234 millones.

Desde el concejo comunal se criticó lo que algunos concejales calificaron como prácticas abusivas, falta de ética y moral en la suscripción y posterior revocación de contratos, lo que habría permitido a trabajadores desvinculados aprovechar la situación para iniciar litigios.

La administración actual reiteró su compromiso por resolver estas contingencias de manera responsable, priorizando acuerdos que eviten un mayor deterioro de las finanzas municipales y garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales con respaldo legal adecuado.