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Una jornada dirigida a los funcionarios públicos, fue organizada a través de Subdere y la ANEF para explicar el proceso de descentralización y traspaso de competencias desde el nivel central hacia los gobiernos regionales, fue desarrollada en Talca.

Durante este encuentro regional, que contó con la presencia del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque; el presidente nacional de la ANEF, José Pérez; su par en el Maule, Paola Berríos y el jefe de la Subdere, Hugo Silva, se informó y capacitó participación a los trabajadores y trabajadoras, respecto del proceso de transferencia de funciones.

“Estuvimos conversando respecto de cómo se generará este proceso, que es una preocupación del Presidente Gabriel Boric, el cual tiene que concretarse durante este Gobierno, cuyo compromiso es que debemos retirarnos con menos poder del que llegamos y eso debe ser destinado a los órganos electos por la ciudadanía”, destacó el delegado Aqueveque.

La transferencia de competencias es el traspaso de facultades, funciones o atribuciones centralizadas en ministerios o servicios públicos nacionales, hacia los gobiernos regionales, según principios de pertinencia, colaboración, gradualidad y responsabilidad.

En ese sentido, el delegado Aqueveque explicó que se ha avanzado en la materia. “Nosotros creemos en el proceso de descentralización, de otorgarle más poder a las regiones pero también en enviar señales de tranquilidad a los funcionarios públicos, y en eso el Presidente ha sido claro, que no se debilitará el aparato estatal para así otorgar un mejor servicio a la ciudadanía”, expresó.


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En el Consejo Regional del Maule, se aprobó el aumento de recursos para ejecutar la conservación de vías urbanas en la comuna de Chanco, lo que significará una inversión total de 705 millones de parte del Gobierno Regional del Maule.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, indicó esto se debe al deterioro de las calzadas y veredas, por lo que se quiere mejorar estas vías urbanas, a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector urbano de la comuna. Los trabajos comenzarán en el mes de diciembre y entre las calzadas que se mejorarán están algunos trayectos de las calles Teniente Hernán Merino, Libertad, Yerbas Buenas, Manuel Rodriguez entre otras.

“En el Consejo Regional aumentamos los recursos para que la comuna de Chanco concrete una iniciativa muy sentida por la comunidad, se trata de la aprobación de un total de 705 millones de pesos para mejorar las calles y calzadas del centro de la comuna, nuestro objetivo es aportar cada día en mejorar la calidad de vida de los maulinos y maulinas”, dijo Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

Entre las obras que se quieren llevar a cabo se encuentran la conservación de una superficie de más de 6 mil metros cuadrados de calzada en hormigón, 540 metros cuadrados de calzada en asfalto, 140 metros cuadrados de veredas reforzadas, para solucionar los problemas que se generan en el tránsito vehicular y peatonal en Chanco.

“Estas son calles bastante importantes de nuestra comuna, están en muy mal estado y
estos recursos ayudarán a mejorar la calidad de vida de los vecinos, ayudará al turismo, y el Gobierno Regional y los consejeros nos han ayudado mucho, ya que queremos seguir mejorando y pensando en el turismo”, concluyó Marcelo Waddington, Alcalde de Chanco.

Se espera que los beneficiarios luego de esta conservación de aceras y caminos sean más de 3 mil chanquinos y chanquinas, quienes transitarán por este mejorado sector urbano de la comuna de Chanco.

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La Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes, representada por el Delegado Juan Eduardo Reyes Quiroz; ante la difusión  por distintos Medios de Comunicación, en relación al cierre de la Prefectura Provincial de la Policía de Investigaciones (PDI) de Cauquenes, informa y aclara lo siguiente:

 

1.- Que se trata de una acción que tiene relación con una reorganización administrativa de la Policía de Investigaciones de Chile,  y que permitirá a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM), potenciar su capital humano y mejorar su infraestructura, significando con ello, continuar entregando un servicio de calidad en las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue.

 

2.- Por lo tanto la BICRIM de Cauquenes en sus funciones, continuará su trabajo de acuerdo a la implementación del Modelo de Investigación Preferente que existe y que su reorientación operativa permitirá a los Funcionarios y Funcionarias Policiales  realizar el trabajo investigativo  que se requiera con una mayor especialización en sus funciones, fortaleciendo el sistema de persecución penal en la Provincia de Cauquenes.

 

3.-Es necesario resaltar, que una de las principales prioridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, es la Seguridad Pública; y, en este contexto  está empeñado en mejorar y reforzar la labor de las Policías con una reforma cuyo principal objetivo es desarrollar y fortalecer una policía legitimada frente a las personas, las autoridades y el personal policial, para que en definitiva tengan la capacidad de ser más eficaces y eficientes.

 

4.- Es por esto que hacemos un llamado a la comunidad a mantener la tranquilidad, pues la Policía de Investigaciones continuará prestando sus servicios en NUESTRA PROVINCIA, y para ello, seguiremos como Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes trabajando firmemente, de manera coordinada, con los distintos estamentos en materia de seguridad, incluyendo la BICRIM de acuerdo a  las políticas públicas y contando territorialmente con una Policía Profesional  cuya principal  función, pero no única,  es Investigar y aclarar delitos que hayan ocurrido.

 

Departamento de Comunicaciones

Delegación Presidencial Provincial

Cauquenes

 

 

 

Cauquenes, 14 de noviembre de 2022

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Los Gobiernos Regionales (GOREs) podrán retomar la facultad de destinar recursos a la compra de terrenos para construcción de viviendas sociales. Esto, después que, con respaldo del Ejecutivo, se aprobará la moción de la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, quien dijo que por una razón meramente administrativa como la inexistencia de una glosa, no podían usarse miles de millones de pesos de los presupuestos regionales para enfrentar el grave déficit habitacional que vive el país y la región.

La legisladora dijo que recogió la preocupación de la gobernadora regional, Cristina Bravo, así como de varios de sus colegas, pero también de diversos comités de vivienda, toda vez que muchos proyectos habitacionales dependen del financiamiento regional para avanzar en su concreción.

“Es una gran noticia para miles de familias. Se aprobó nuestra indicación para que los gobierno regionales puedan comprar terrenos para proyectos de viviendas sociales. Era un despropósito no hacerlo, porque con la crisis habitacional que vive el país deben usarse todos los recursos disponibles para enfrentarla. Dejar fuera a los Gobiernos Regionales era un lujo que no podíamos darnos como país y menos como región del Maule. Necesitamos que los gobiernos regionales sean actores relevantes en la lucha contra el severo déficit de Vivienda. Es un tema que planteamos al Ministro de Hacienda, que respaldó nuestra indicación, la que impactará positivamente en miles de familias que esperan por casa propia, a veces no por años, sino que por décadas”, explicó la parlamentaria.

Agregó que en el caso del Maule hay grupos de vivienda que llevan casi 20 años sin solución, por lo que dado el incremento considerable en los costos de construcción, la compra de terrenos por parte de los gobiernos regionales será una ayuda real y concreta para terminar con la espera.

“En todas las regiones hay una necesidad angustiante por vivienda social. Todos los esfuerzos posibles hay que realizarlos para llevar dignidad a los chilenos y chilenas”, concluyó la Senadora.
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Aclarar algunas acciones y la adopción de nuevas medidas solicitó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, SUPERIR, al liquidador de la constructora Santa Fe, empresa que tenía diversos contratos de mantención y conservación de caminos con el Ministerio de Obras Públicas y que, con su quiebra, dejó a más de mil 200 trabajadores en la más absoluta indefensión.

Esto luego que la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, solicitara información y aclaración del accionar del liquidador, en aras de garantizar un pronto pago a quienes se desempeñaban en la empresa.

“Son miles de trabajadores que esperan cobrar lo que con su trabajo se ganaron y esperamos que ello ocurra lo antes posible. Por ello, le pedimos a la SUPERIR aclaraciones y precisiones que ésta, a su vez, solicitó al Liquidador de Santa Fe”, explicó la parlamentaria.

Agregó que es importante determinar si el liquidador está adoptando todas las medidas necesarias para el pronto pago o si, por el contrario, ha habido negligencia de algún tipo, pues han transcurrido varios meses desde el inicio de la liquidación de la empresa y aun los trabajadores no han recibido siquiera un pago parcial

Al respecto, la legisladora precisó que la Superintendencia le solicitó al liquidador que explique las razones por las que no ha firmado los estados de pago ni se han incautado todos los vehículos de la constructora en aras a aumentar los recursos para proceder a pagar a los acreedores.

Añadió que la SUPERIR también solicitó que el liquidador aclare el porqué no ha pedido que se deje sin efecto la cautelar dictada por el Tribunal Civil, lo que a su juicio hubiese hecho más expedito el proceso de pago a los trabajadores.

Ximena Rincón dijo que el liquidador tenía plazo hasta el viernes pasado para responder a la superintendencia, la que su vez deberá aclarar todas sus dudas y consultas.

Cabe recordar que una vez que Santa Fe se declaró en quiebra, la Senadora Rincón ofició a los ministerios de Obras Públicas (MOP) y del Trabajo para requerir información y adopción de medidas urgentes con el fin de resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores de la empresa ingeniería y construcciones Santa Fe, vulnerados por los incumplimientos de la empresa y por el no pago por subrogación debido y oportuno por parte del MOP.

La parlamentaria dijo que a enero de este año la compañía tenía 30 contratos celebrados con Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, en las regiones de O´Higgins, Maule, Araucanía y Aysén. Añadió que el monto involucrado era de aproximadamente 174 mil millones de pesos.
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La diputada cauquenina Consuelo Veloso (RD) manifestó su total rechazo a la aprobación, por 8 votos contra 5, de la solicitud de censura de su presidencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara, moción levantada por Juan Antonio Coloma (UDI) en la instancia, y que contó con los apoyos del propio parlamentario, Paula Labra (Ind-RN), Felipe Donoso (UDI), Gloria Naveillán (Ind-PDG), René Alinco (Ind-PPD), Jorge Rathgeb (RN) y los republicanos Benjamín Moreno y Harry Jurgensen. Mientras que los votos en contra fueron de Marcela Riquelme (Ind-CS), Mercedes Bulnes (IND-CS), Félix Bugueño (FRVS), Emilia Nuyado (PS) y la diputada Veloso.

“Mi compromiso en esta comisión ha sido preocuparme de la agricultura rural campesina. Las mujeres rurales, la clase obrera campesina, a todas esas personas que en el campo les miro las manos y las tienen partidas, partidas por trabajo que nosotros en esta mesa con todos nuestros privilegios, no los vamos a conocer nunca. Por ellos estoy acá sentada, las 11 comunas de mi distrito, del Maule Sur, las provincias del Maule y de Cauquenes. Y aquí voy a seguir hasta que los que votaron por mí, me quieran acá”, indicó.

“Pero lo que más molesta, que nadie ha dicho y el diputado Coloma lo deslizó, fueron los duros dichos que dije la semana pasada y esos fueron: ‌Espero que en esta comisión representemos por primera vez los intereses de los campesinos y de la pequeña agricultura y dejar de representar a la gran industria agrícola, que no tengo problemas que existan, pero suficiente ayuda tienen. En contraste con los arroceros de Parral que están por retirarse porque no tienen recursos, o los viñateros de Villa Alegre, de Cauquenes o de Ñuble que les pagan precios miserables por un kilo de uva y están vendiendo todo lo que tienen para poder sobrevivir”, agregó Veloso.

“Me voy con la frente en alto. Sin duda esta censura es del todo injusta, desproporcionada y con un interés más bien de que otros sectores tomen la presidencia”, finalizó la diputada.
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Tras los incidentes de la semana pasada, en los se produjeran una serie de incidentes, destrozos y saqueos por motivo de un nuevo 18 de octubre en el país, un grupo de diputados de la UDI, presentaron un proyecto de ley que busca quitar los beneficios estatales e impedir que puedan postular las personas condenadas por destrozos en la vía pública, daños a la propiedad privada, agresiones a funcionarios policiales y por cometer delitos contra el orden público en el contexto de alguna manifestación social, como viene ocurriendo en Chile desde 2019 a la fecha.

Al respecto, y recordando por ejemplo que un 96% de los detenidos este año por maltrato de obra a Carabineros se encuentra en libertad, es que el diputado Felipe Donoso aseguró que es “indispensable” aumentar las sanciones en contra de las personas que sean condenadas por su participación en distintos delitos, señalando incluso que “es una manera de separar lo que son las legítimas movilizaciones ciudadanas de la delincuencia y la violencia que se escuda detrás de ellas”.

“Desde octubre de 2019 a la fecha, se ha instalado en nuestro país la sensación de que cualquiera puede producir destrozos, desmanes o atentar contra los funcionarios policiales, y al otro día va a quedar en libertad o será absuelto por la justicia. Por eso hemos decidido presentar este proyecto de ley, para que todas las personas que vayan a una marcha con el objetivo de cometer algún delito lo piensen dos veces, porque correrán el serio riesgo de perder todos los beneficios estatales que puedan estar recibiendo en ese minuto”, señaló el parlamentario gremialista.

En esa línea, Donoso explicó que la iniciativa establece que los condenados por delitos en el contexto de alguna manifestación social perderán los beneficios estatales que tengan por un plazo de cinco años, como tampoco podrán postular ni acceder a ellos durante el mismo período de tiempo. Mientras que quienes reincidan, propusieron que la prohibición se extienda de por vida.

“Estamos hablando de beneficios estatales como la gratuidad universitaria, los bonos económicos que otorga el Gobierno, los subsidios a la vivienda o al arriendo que actualmente existen, entre otras ayudas sociales que se entregan en nuestro país, porque no nos parece justo que, con los impuestos que pagamos todos los chilenos, estemos beneficiando a quienes han causado un grave daño a nuestro país. Con este proyecto, quienes pretendan provocar destrozos o atentar contra los funcionarios policiales durante una manifestación, deberán saber que no recibirán más los beneficios estatales”, detalló y concluyó el diputado Felipe Donoso.

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Por unanimidad el Consejo Regional del Maule aprobó el proyecto “Rehabilitación Productiva para Pequeños Productores Frutilleros”, que significará una inversión para el Gobierno Regional de más de 2 mil 707 millones de pesos y la idea es generar condiciones para la sustentabilidad de la actividad agropecuaria.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que se entregarán subsidios 731 agricultores usuarios de INDAP financiados anualmente y por dos temporadas, por un monto total de M$2.707.000 para comprar plantas, insumos agrícolas y podrán pagar cualquier labor agrícola relacionada con el cultivo.

La máxima autoridad regional indicó que gracias a este proyecto se podrá adquirir equipos computacionales, contratar profesionales, adquirir materiales y también realizar actividades de difusión para todos los agricultores del Maule.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP Maule, será quien ejecute este proyecto, por lo que su Director (s) Luis González, “este proyecto va a beneficiar a muchos agricultores, porque el proyecto lo generamos en conjunto por la Agrupación de Frutilleros de Pelluhue y Chanco, junto a la Gobernadora Regional, INDAP y la Seremi de Agricultura, todo esto con el objetivo de realizar la rehabilitación productiva del cultivo de la frutilla, porque los frutilleros han tenido problemas por el déficit hídrico, pero también con la comercialización y ahora se agrega esta plaga del nematodo de la frutilla, por lo tanto es fundamental poder inyectar recursos a este rubro”.

Desde el INDAP se informó que a través de esta iniciativa se otorgará un incentivo económico no reembolsable por un monto de $500.000 por cada 1.000 m2 de superficie de frutillas, con un tope de 5.000 m2 por usuario o usuaria. Es decir, el incentivo irá entre los $500.000 a los $2.500.000 como máximo, recursos que irán destinados a la compra de plantas, insumos agrícolas como fertilizantes, apoyo para el control obligatorio del nematodo en los predios con muestras positivas, riego y cualquier labor agrícola relacionada con el cultivo establecido.

A través de este proyecto se espera mitigar el alza de los insumos y de las labores que requiere el cultivo, mantener la superficie y el número de frutilleros de la región y apoyar el control de la plaga en el 100% de los predios con muestras positivas.


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