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Tras un control de identidad investigativo, personal de la Sección de Investigación Policial, logró la detención de un individuo, que el día martes 26 del actual, había hurtado un polar en la tienda ROWER STORE, ubicada en calle Yungay.
El sujeto fue identificado con las iniciales O. J. R. T., mayor de edad, quien mantenía la especie en su domicilio particular. El detenido, además, mantiene un nutrido prontuario delictivo.
Por instrucción del Fiscal Juan Pablo Pereira Rubio, el imputado pasó a control de detención, al Juzgado de Garantía de Cauquenes, mientras qué la especie fue devuelta a su propietario.
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Por diez días más se prolongará la búsqueda de Ximena Fuenzalida, de 45 años de edad, quien el pasado 30 de junio desapreció tras abrirse la desembocadura del rio Mariscadero, en Pelluhue.
Fue la
Fiscalía, a cargo de la investigación de los hechos, la dispuso la ampliación
de la búsqueda, como lo explicó el encargado provincial de Emergencia.
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El Primer Consejo Regional de Seguridad Pública (CRSP), se conformó y desarrolló en dependencias del Gobierno Regional y está encabezado por el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque Díaz, y la Coordinación Regional de Seguridad, quien actúa como secretaría ejecutiva. En la instancia participó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, Delegados Presidenciales Provinciales, alcaldes y alcaldesas del Maule, diversas autoridades regionales, representantes policiales y de Gobierno.
Al respecto, el Delegado Aqueveque, explicó que este Consejo “es la base de la articulación de todas las instituciones públicas en torno a la Seguridad y la Prevención del Delito. Por lo tanto, tiene una importancia fundamental para el Maule, ya que esta instancia nos permitirá conocer la realidad delictual de cada una de nuestras comunas. Este año, los alcaldes y alcaldesas serán actores fundamentales para establecer estrategias para la prevención”.
Respecto a la implementación de los acuerdos adoptados en el CRSP, el delegado Aqueveque afirmó que estos permitirán abordar las problemáticas de todos los territorios, a través de un Plan Regional de Seguridad Pública que involucre a todas las instituciones públicas, las policías y las comunas de la región del Maule. “En una primera instancia, se realizarán mesas de trabajo con los departamentos técnicos de las instituciones y comunas, para elaborar un plan de trabajo para el período 2022-2023 que se visará próximamente, para tener un sólido Plan Regional de Seguridad Pública más participativo”, recalcó.
Por su parte, la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “hoy, estamos constituyendo el Consejo Regional de Seguridad Pública con actores fundamentales para trabajar en conjunto y abordar todo lo que tiene relación con Seguridad Pública. Aquí no solo somos responsables las autoridades, sino que también hay que incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, a los alcaldes y las policías. Los alcaldes son los que saben lo que pasa en el territorio, es por eso que para nosotros con el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, es fundamental trabajar en conjunto, también en el requerimiento de proyectos y necesidades que tiene cada uno de los territorios, necesitamos equipamiento, necesitamos infraestructura y eso es uno de los tantos temas que tenemos que abordar en estos Consejos Regionales de Seguridad Pública”.
Respecto al rol que toman los municipios en esta instancia, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se levantó información directamente con los alcaldes, alcaldesas y sus comunidades, respecto de los principales problemas delictuales, incivilidades y problemas emergentes que se registran en cada una de las comunas de la región.
Esto porque se estableció como prioridad que los alcaldes y alcaldesas, sean parte fundamental de la construcción de los nuevos planes de seguridad regionales, ya que son quienes mejor conocen la realidad y las problemáticas de los distintos territorios del país en esta materia.
A la información levantada desde los territorios y comunidades se sumaron luego las estadísticas policiales y del Ministerio Público, así como temáticas de preocupación regional, para levantar cinco delitos e incivilidades priorizados para trabajar en la región. Estos son la violencia intrafamiliar, el robo en lugar habitado, infracciones a la ley de drogas, la ebriedad y el consumo de alcohol en la vía pública, y la necesidad de abordar un problema emergente como es la violencia de género.
“Para abordar la realidad actual en materia de seguridad en el país y en la región, necesitamos convocar y maximizar los esfuerzos y recursos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, trabajar en un plan que marque una hoja de ruta acordada entre todos los actores de la región, nos permite avanzar en soluciones e iniciativas de prevención de delitos que nacen de un diagnóstico y de una identidad territorial común”, dijo la coordinadora regional de Seguridad Pública, María José Gómez.
EL Consejo Regional de Seguridad Pública encabezado convoca además a la gobernadora regional, a todos los alcaldes y alcaldesas de la región, el seremi de Justicia, representantes de la Corte de Apelaciones, Ministerio Público, Defensoría Penal, Carabineros, PDI, Gendarmería; los directores y directoras regionales de Sename, Senda y Sernameg; a los que se sumaron una serie de nuevos actores regionales convocados para esta instancia por la Subsecretaría de Prevención del Delito, tanto públicos como privados.
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El hecho quedó al descubierto gracias a las denuncias efectuadas por las víctimas, quienes al ver en las redes sociales una publicación sobre consola de juegos tipo arcade “Corsario” con valores entre los 100 mil y 400 mil pesos, tomaban contacto con el oferente efectuando una transacción bancaria para su adquisición, pero al transcurrir los días el producto no llega a destino, configurándose la modalidad de venta sin entregas.
Fue así que la Fiscalía SACFI, abrió un foco investigativo que lo trabajó junto con los detectives de la BICRIM Cauquenes, permitiendo la investigación establecer la identidad de un sujeto que efectuaba este tipo de estafas a lo largo del país.
El fiscal jefe SACFI José Alcaíno, en virtud ante la evidencia obtenida por los detectives, gestionó una orden de detención en contra del sujeto quien podría estar en la comuna de Vallenar, donde los investigadores policiales tras efectuar distintas indagaciones, lograron dar con su paradero y ser detenido en la jornada de ayer en esa comuna, quedando con detención ampliada hasta la jornada de hoy donde se efectuó su formalización.
Fue así que en la audiencia de formalización, el fiscal solicitó la medida de prisión preventiva la cual fue accedida por el magistrado de garantía, otorgando un plazo de investigación de tres meses.
El jefe de la Prefectura Provincial Cauquenes, prefecto Germán Parra señaló “desde hace tres meses a la fecha detectives de la BICRIM Cauquenes, comenzaron a efectuar diversas diligencias en virtud a una orden de investigar emanada desde la Fiscalía SACFI y de Focos Criminales, lo cual permitió detener a una persona por el delito de estafas y defraudaciones contra particulares, por la venta a través de las redes sociales de máquinas tipo arcade, estableciendo alrededor de 20 delitos, y comenzar acá en la ciudad de Cauquenes” agregó el prefecto.
Por su parte el fiscal jefe SACFI, José Alcaino señaló “se trata de una investigación iniciada por SACFI de la región del Maule, en coordinación con la unidad de delitos económicos de la Fiscalía Nacional, respecto a imputados prolíficos, ciertos imputados que tienen múltiples causas, en este caso delitos de estafas. El imputado fue formalizado el día de hoy, pudimos acreditar 18 delitos de estafas cometidos desde Arica hasta Punta Arenas, es decir en todo el país, víctimas de diferentes lugares que compraban una máquina tipo arcade, que son máquinas de juego y que el imputado tenía una plataforma en las redes sociales Facebook, donde ofrecía estos productos y coordinaba la venta, pero jamás enviaba lo que supuestamente ofrecía por internet, y las víctimas eran defraudadas y perjudicadas en estos depósitos, el monto defraudado va entre los 100 mil a los cuatrocientos mil pesos, con víctimas del todo el país, en virtud a aquello por el cúmulo de delitos, y por el monto defraudado, es que solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva, cuyo argumentos fueron acogidos por el Juzgado de Garantía de Cauquenes” agregó el fiscal Alcaíno.