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Detectives de la Sección de Policía Internacional, SEPI Cauquenes, realizaron una fiscalización por el centro de la ciudad y sectores rurales de la provincia, logrando controlar a 30 extranjeros, de los cuales fueron denunciados 28 por ingreso clandestino y 2 por haber excedido el plazo de estadía en el país. 

En la oportunidad, los extranjeros fiscalizados manifestaron no tener ningún tipo de identificación nacional, declarando haber ingresado a Chile en forma furtiva, situación que fue corroborada por los oficiales policiales al consultar a los sistemas informáticos. 

En ese sentido, los ciudadanos extranjeros fueron denunciados a la Dirección Regional del Maule del Servicio Nacional de Migraciones por infracción al Art. 32 N°3 de la Ley de Migraciones y Extranjería, quedando sujetos a control de firmas y a la espera de la resolución de la autoridad administrativa.

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El jefe de la Región Policial del Maule, Germán Parra, explicó al delegado provincial y a la alcaldesa de la comuna, los alcances de la reorientación administrativa de la BICRIM Cauquenes, “que contará con más funcionarios, más preparación y tecnología para abarcar los delitos”, explicó el prefecto Parra, haciendo especial hincapié en que “en ningún caso la PDI va a dejar de trabajar en Cauquenes, por el contrario, va a doblar sus esfuerzos, en eso quiero ser tajante, para continuar por la misma senda”, dijo.

Siguiendo con la misma idea, la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez valoró la medida, toda vez que “va a permitir una mejor operatividad, por lo tanto más seguridad para los habitantes de esta comuna”, cerró.

 

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Fue el sábado pasado cuando una sargento primero y un sargento segundo que pertenecían a la Cuarta Comisaría de Cauquenes, golpearon  a un hombre mientras lo detenían, lo que , finalmente, les costó la expulsión de la institución.

En el video se puede apreciar la fuerza por parte de los uniformados que propinan golpes de pies y puños al hombre que estaban reduciendo.

El video fue grabado por otro detenido que estaba al interior de una patrulla, provocando una ola de reacciones por el uso desmedido del control.

La institución no se ha referido sobre estos hechos, sin embargo, fuentes cercanas han señalado que no avalan este tipo de acciones, razón por la cual se procedió a la expulsión de los uniformados.

Usuarios en redes sociales aseguraron que el hombre sufrió fractura de nariz, desprendimiento de retina y esguince de rodilla. Todo, mientras se esperan los resultados para evaluar daño neurológico.


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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió la demanda de la familia de Sergio Canales, quien falleció tras ser atropellado por el hijo del ex timonel de RN Carlos Larraín, Martín Larraín en 2013.

Recordar que el aludido fue absuelto en 2014 por el Tribunal Oral de Cauquenes por el atropello y muerte de Canales, ocurrido en la localidad de Curanipe, en la comuna de Pelluhue, Región del Maule, la madrugada del 18 de septiembre de 2013.
Aquella resolución revocó la emitida por el ente judicial, que en primera instancia condenó al individuo a 540 días y con la suspensión de su licencia de conducir, esto tras no ayudar a la víctima que embistió con el vehículo.

Por esta razón, la familia del fallecido iniciaron una judicialización de carácter internacional ante la CIDH, alegando que no se les permitió ser parte de la causa, luego de que el 23 de abril del 2014 el Juzgado de Letras de Chanco negó la solicitud para ser readmitidos como parte querellante.

Además, acotaron que Canales "falleció tras ser atropellado por el hijo de un político influyente y que en el proceso penal la cónyuge legal del señor Canales desistió de querellarse tras recibir un pago de parte del padre del acusado, quien sería finalmente absuelto".

Y después de siete años, la Comisión declaró admisible la petición por las presuntas vulneraciones a la familia de los artículos 8, sobre garantías judiciales; 24, de la igualdad ante la ley; y 25, respecto a la protección judicial, la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora la CIDH investigará el caso, según lo cual deberá determinar si eleva la demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el delito cometido por Martín Larraín.

Fuente: Radio Agricultura
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Tolerancia cero es lo que asegura la Comisión Regional para Investigar Incendios Forestales, frente a la temporada que se avecina para el Maule. Y es que se hace necesario potenciar las  investigaciones penales que permitan determinar punto de origen de las llamas, la causa y sobre todo la existencia dolosa, culposa o accidental ante la intervención humana.

La Fiscalía Regional del Maule que encabeza esta Comisión, convocó a sus socios estratégicos en esta materia. De esta forma equipos especializados de la PDI, Carabineros, Conaf, la Corporación de la Madera (CORMA), Bomberos y la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) se reunieron a fin de potenciar las coordinaciones estratégicas que finalmente permitan obtener buenos resultados en la persecución penal de este delito de incendio.

 

El Fiscal Regional del Maule Julio Contardo Señaló que *”esta convocatoria que hace la fiscalia Regional  que hace la fiscalía regional a la Comisión formada por distinta instriciones para investigar incendios forestales en la región, tiene por objetivo generar una coordinación y además afianzar los protocolos de trabajo que hemos dispuesto y consensuado con las instituciones para una mejor investigación de estos ilícitos. Tan importante como la prevención de los incendios es la persecución que  se puede hacer de ellos. De esta manera el Ministerio Público desde hace mucho tiempo hemos liderado estas mesas de trabajo y de forma principal en el Maule a fin de obtener mejores resultados en la persecución penal de estos delitos. De aquello surge para nosotros la responsabilidad de perseguir este delito con toda la fuerza, ya que son de gran conmoción y preocupación para toda la comunidad”*.

 

Gracias al trabajo en conjunto de todas estas instituciones la fiscalía pudo obtener las evidencias necesarias para determinar responsabilidades, llevar a juicio y condenar a los autores del gran incendio del sector Agua Fría que el verano del 2020 destruyó 15 mil hectáreas en la pre cordillera de Molina.

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Tras el anuncio realizado por redes sociales por el Consejero Regional Juan Andrés Muñoz sobre un eventual traspaso de la Prefectura Provincial de la PDI en Cauquenes a Lianres y dejar las dependencias de la policía civil como un simple cuartel, fue la propia institución la que, mediante un comunicado explicó los alcances de esta decisión.

Según el documento se trata de una "reorganización administrativa, donde la Brigada de Investigación Criminal, y toda su jurisdicción, dependerán de la Prefectura Provincial de Linares".

El comunicado agrega que "esta reorganización administrativa, nos permitirá por una parte aumentar la dotación disponible  en la jurisdicción de Cauquenes, y por otra, mejoras en su infraestructura, para de esta forma continuar entregando un servicio de calidad a las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue".



Respecto de esta determinación, el Consejero Regional de la Provincia de Cauquenes, Juan


Andrés Muñoz, lamentó este hecho y sostuvo que esto "es lo mismo que pasó con el regimiento y con muchas otras instituciones que se han ido de la ciudad y donde hemos reaccionado tarde".

Agregó que esto "representa un retroceso importante... van a tener menos medios para realizar su labor... En el Gobierno Regional hemos trabajado para construir una nueva prefectura...donde antes estaba el Hogar de Menores Los Laureles. Un nuevo cuartel para una prefectura de la PDI... Soy integrante de la Comisión de Infraestructura, hay recursos públicos involucrados del GORE y tampoco queremos perder eso... aquí todas las autoridades deben reaccionar y toda la comunidad debe oponerse, vamos completamente en la dirección contraria de lo que todo el mundo cree". 


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Personal de la S.I.P. de Carabineros de Cauquenes detuvo a una persona por el delito de robo en lugar habitado, tras descubrir que en su domicilio particular mantenía dos bicicletas producto del ilícito.

Los efectivos policiales dieron con el paradero de estas bicicletas tras labores investigativas sobre el hecho antes señalado,  encontrándolas en un domicilio de la villa Merced de La Esperanza. Producto de lo anterior se detuvo a una persona mayor de edad de iniciales M.E.M.M. quien registra antecedentes policiales por otro delito. 

Las bicicletas fueron avaluadas en la suma de $ 1.000.000 y fueron devueltas a la víctima. 

Por instrucción del Fiscal turno Macrozona Sur, la detenida pasa a control de detención al Tribunal de Garantía de Cauquenes, quedando bajo la resolución que determine el Juez de dicho Juzgado.

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