Los afectados corresponden al sector poniente del señalado conjunto habitacional, quienes en las últimas semanas no han podido estar tranquilos, ya que la decisión de la Corte Suprema señala que las viviendas se construyeron en un terreno propiedad de la inmobiliaria Santa Leticia de Retulemu, por lo que deberá ser restituido a esta. "Que las cosas deben volver al estado anterior de los hechos que ocurrieron en marzo del 2011. Se trató de una demanda de amparo que buscaba terminar con la ocupación de un terreno. Nuestra demanda fue acogida en todas las instancia judiciales”, señaló el abogado de la inmobiliaria, José Pérez luego de conocer la decisión del máximo tribunal del país.
La propiedad corresponde a mil 900 metros cuadrados, donde fue construidala esta parte del señalado complejo habitacional por la Constructora Malpo. Se trata de 60 viviendas, las que "en términos prácticos podrían ser demolidas", aseguró el abogado Soto, "ya que las casas fueron construidas en un terreno equivocado".
Ante esta situación, Zulema Flores, presidente de la organización de los pobladores afectados por esta situación dijo a TeleCauquenes que esperan que el Ministerio de la Vivienda a través del SERVIU se pronuncie al respecto, ya que "quieren respuestas concretas y hasta ahora nadie se ha acercado a informarnos de lo que pasa, ya que nos enteramos por la prensa y la televisión local de toda esta situación". La dirigente agregó que "con los vecinos hemos conversado y nos vamos con todo ahora para tener una respuesta y estar tranquilos en nuestras viviendas".
La amenaza de demolición y el plazo perentorio de marzo si no se llega a ningún arreglo los tiene todavía más preocupados. "¿Dónde están las autoridades que no han dado la cara, a decirnos, a explicarnos, de qué se trata esto?, porque sale en los medios de comunicación de que tienen que hacer una demolición sí o sí y nosotros acá sin ninguna respuesta", manifestó Zulema Flores.
Sobre la situación, el abogado José Pérez explicó en una entrevista en la red Géminis realizada hace unos días que “siempre estuvimos dispuestos a una negociación y así quedó acreditado en la propia Corte Suprema”. Agregó que “tanto es así que incluso planteamos que una instancia independiente de tipo gubernamental resolviera el valor económico actual del terreno. Pero la contraparte -la constructora Malpo- no ha tenido la suficiente seriedad en sus intenciones para negociar, ya que no es capaz de compensar el problema. Nuestra posición siempre ha sido solucionar el conflicto”, indicó.
Claro está que los más perjudicados son las sesenta familias, donde existe un número no menor de niños y adultos mayores, todos los cuales resultaron afectados por el terremoto de 2010 y que hoy ven como su sueño de la casa propia se ve amenazado por un error de la empresa constructora que edificó las viviendas en un lugar que no correspondía.
